El presidente colombiano, Gustavo Petro, quiere establecer un centro de minería de Bitcoin a lo largo de la costa caribeña del país, impulsado por lo que describe como recursos de energía renovable sin explotar. La propuesta tiene como objetivo atraer inversión extranjera y estimular el desarrollo económico en el norte de Colombia, siguiendo un modelo que ha tenido éxito en otras naciones latinoamericanas.
"Si las monedas virtuales se basan en energía fósil, el calentamiento global explota y se produce el colapso climático", dijo Petro, defendiendo un enfoque de energía limpia para la industria. Nombró específicamente a las ciudades de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha como posibles ubicaciones y pidió que la comunidad local Wayúu se convierta en copropietaria de futuros proyectos.
La visión está respaldada por el sólido perfil de energía renovable de Colombia. Un informe del Banco Mundial de 2024 encontró que el país genera el 75% de su electricidad a partir de fuentes renovables, más del doble del promedio mundial. El plan de Petro sugiere utilizar el excedente de capacidad eólica y solar de la región para alimentar las operaciones mineras, convirtiendo la electricidad ociosa en un nuevo flujo de ingresos.
Sin embargo, la propuesta enfrenta un desafío económico significativo que la ambición política por sí sola no puede resolver: el alto costo de la energía. Para que Colombia compita con los centros mineros establecidos, debe cerrar una amplia brecha entre sus precios actuales de electricidad y los márgenes extremadamente reducidos de la industria mundial de minería de Bitcoin.
A las tarifas industriales actuales de 0,203 dólares por kilovatio-hora, la minería de Bitcoin a gran escala en Colombia es profundamente poco rentable. Las operaciones rentables hoy en día, especialmente después de que el halving de Bitcoin de 2024 redujera las recompensas mineras, generalmente requieren costos de electricidad por debajo de 0,05 USD/kWh. Según las condiciones actuales de la red, el costo de la electricidad por sí solo para minar un solo Bitcoin en Colombia sería de aproximadamente 155.000 dólares, superando con creces el precio de mercado del activo.
Esto contrasta fuertemente con los actuales líderes mineros de la región. Paraguay ha atraído una inversión significativa aprovechando el excedente de energía hidroeléctrica de la represa de Itaipú, asegurando acuerdos de energía entre 0,04 y 0,05 USD/kWh. Del mismo modo, los mineros en Brasil y Argentina han tenido éxito aprovechando las energías renovables restringidas y el gas natural quemado, respectivamente. Estas naciones prosperan al ofrecer acceso a energía varada o fuertemente descontada, un recurso que Colombia no proporciona actualmente a una escala competitiva.
Una oportunidad para Colombia proviene de un cambio en los Estados Unidos, donde los mineros que cotizan en bolsa han comenzado a pivotar hacia la inteligencia artificial y la computación de alto rendimiento de mayor margen. Esta migración está abriendo una parte del hashrate global para países con electricidad más barata y gobiernos amigables.
Si bien la propuesta de Petro posiciona a Colombia para capturar parte de esa cuota, la iniciativa enfrenta incertidumbre política. El mandato del presidente terminará en agosto de 2026 y tiene prohibido constitucionalmente postularse para la reelección. Los principales candidatos para reemplazarlo no han hecho comentarios públicos significativos sobre la política de criptomonedas, lo que deja en duda la viabilidad a largo plazo del proyecto. A menos que el país pueda idear una manera de proporcionar energía drásticamente más barata, la visión de un centro minero en el Caribe probablemente seguirá siendo económicamente inalcanzable.
Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
