Meta Platforms está impugnando una propuesta de 3.700 millones de dólares de Nuevo México destinada a abordar una crisis de salud mental adolescente, argumentando en un juicio estatal que el plan la obligaría injustamente a financiar la atención de todos los adolescentes del estado. El caso representa una prueba significativa de si las empresas de redes sociales pueden ser consideradas financieramente responsables de los problemas de salud pública y podría sentar un precedente para miles de demandas similares en todo Estados Unidos.
El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, rechazó los argumentos de Meta calificándolos como una "campaña de presión de una empresa que se ha quedado sin argumentos legales". En una declaración exclusiva a The Post, Torrez dijo: "Perdieron en el juicio y, en lugar de construir un producto más seguro, amenazan con llevarse su pelota a casa. No funcionará".
El programa de 15 años propuesto por el estado incluye más de 2.800 millones de dólares para tratar problemas de salud mental en jóvenes y fue presentado después de que un jurado determinara en marzo que Meta era responsable de 375 millones de dólares en daños por tergiversar la seguridad de sus plataformas para los usuarios jóvenes. Meta también enfrenta más de 2.400 demandas en todo el país, incluidas las de más de 40 fiscales generales estatales, que la acusan de diseñar productos adictivos que dañan a los jóvenes.
Lo que está en juego en el juicio sin jurado es si un juez declarará las plataformas de Meta como una "alteración del orden público", un hallazgo que otorgaría al tribunal amplios poderes para ordenar remedios. Además de financiar el programa de salud mental, Nuevo México exige cambios significativos en los productos de Meta, incluida la verificación obligatoria de la edad, el fin de las funciones de reproducción automática y desplazamiento infinito para menores, y el nombramiento de un oficial de seguridad infantil supervisado por el tribunal.
Un precedente costoso
El equipo legal de Meta se ha centrado en el alcance del remedio financiero, cuestionando a un economista experto sobre si la cifra de 3.700 millones de dólares se calculó para cubrir todos los problemas de salud mental de los adolescentes, independientemente de su causa. "¿No ha intentado en absoluto determinar qué proporción de los 3.700 millones no tiene ninguna relación con las redes sociales?", preguntó el abogado de Meta, Alex Parkinson, al testigo del estado, quien confirmó que no lo había hecho.
La empresa ha argumentado que las demandas del estado son tan onerosas que podría verse obligada a cesar sus operaciones en Nuevo México por completo, una táctica que ha utilizado en otras disputas regulatorias en Europa y Canadá. Sin embargo, los expertos legales sugieren que la amenaza podría estar perdiendo fuerza a medida que aumenta la presión legal y regulatoria de numerosos estados. Una demanda similar presentada en Texas acusa a Netflix de diseñar funciones adictivas y recopilar datos de niños, lo que demuestra que el problema se está expandiendo más allá de las plataformas de redes sociales.
La estrategia de la "Alteración del orden público"
El caso de Nuevo México está a la vanguardia de una estrategia legal que trata el impacto de las redes sociales como una alteración del orden público, similar a casos históricos contra industrias como el tabaco y los opioides. Si tiene éxito, podría crear un modelo para que otros estados exijan no solo daños monetarios sino también cambios fundamentales en la forma en que se diseñan las plataformas para los usuarios jóvenes.
El juicio se encuentra en su segunda fase, y Meta presentará a sus testigos en los próximos días. El juez emitirá un fallo por escrito en una fecha posterior, una decisión que será seguida de cerca por empresas tecnológicas, reguladores y padres de todo el país.
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