La Corte Suprema de los Estados Unidos restringió a los estados el uso de la raza para trazar distritos electorales de comunidades minoritarias en una decisión de 6-3, reduciendo la Ley de Derechos Electorales y potencialmente despejando el camino para que los estados vuelvan a trazar mapas antes de las elecciones intermedias de 2026.
"La decisión de hoy convierte la Sección 2 en prácticamente una letra muerta", escribió la jueza Elena Kagan en una disidencia para los tres jueces liberales de la corte, argumentando que las consecuencias son "probablemente trascendentales y graves".
El fallo se centró en un mapa de Luisiana donde dos de los seis distritos del Congreso del estado fueron trazados con poblaciones de mayoría negra para cumplir con las interpretaciones anteriores de la histórica ley de 1965. La opinión de la mayoría, redactada por el juez Samuel Alito, encontró que la Sección 2 de la ley ahora solo se aplica a la discriminación intencional, no a las prácticas que pueden tener un efecto discriminatorio.
La decisión podría afectar a casi 70 de los 435 distritos del Congreso actualmente protegidos por la Sección 2, según una estimación, creando una inestabilidad política que podría cambiar el equilibrio de poder en el Congreso y, por extensión, alterar el curso de la política económica y regulatoria de los EE. UU.
Una interpretación más estrecha
En la opinión de la mayoría, el juez Alito escribió que permitir que la raza tenga un papel en las decisiones gubernamentales es una "desviación de la regla constitucional" y que la nación ha visto un "vasto cambio social" desde que se promulgó la Ley de Derechos Electorales. La mayoría conservadora de la corte argumentó que las prácticas diseñadas para lograr una ventaja partidista son permisibles, incluso si reducen el poder de voto de las comunidades minoritarias.
Esto revierte una interpretación de larga data que requería que los estados evitaran debilitar la fuerza de voto de grupos minoritarios cohesivos. La jueza Kagan escribió que la decisión significa que los estados "pueden, sin consecuencias legales, diluir sistemáticamente el poder de voto de los ciudadanos minoritarios" al dividir las comunidades en múltiples distritos donde no pueden elegir a sus candidatos preferidos.
El fallo es el último en reducir el alcance de la Ley de Derechos Electorales. En 2013, la corte anuló la disposición de "autorización previa" que requería que los estados con antecedentes de discriminación obtuvieran la aprobación federal para los cambios en la votación. Otra decisión en 2021 hizo más difícil impugnar las reglas de votación fuera del proceso de redistribución de distritos.
Camino a las elecciones intermedias de 2026
El impacto inmediato en las elecciones intermedias de 2026 sigue sin estar claro, aunque algunos estados liderados por republicanos han indicado que pueden intentar trazar rápidamente nuevos mapas. La decisión otorga a las legislaturas una nueva y poderosa herramienta en las batallas de redistribución de distritos en curso, ya que un caso de la Corte Suprema de 2019 ya les permite trazar distritos extremadamente partidistas.
Los distritos de mayoría minoritaria, que este fallo puede permitir que los estados eliminen, eligen abrumadoramente a demócratas. El nuevo trazado de estos mapas podría convertir escaños demócratas seguros en otros con tendencia republicana, con implicaciones significativas para el control de la Cámara de Representantes, donde los republicanos actualmente mantienen una delgada mayoría.
A largo plazo, el fallo podría conducir a una disminución drástica en la diversidad de los miembros del Congreso. Muchos representantes negros e hispanos en la Cámara provienen de los distritos de mayoría minoritaria que se trazaron basándose en el entendimiento previo de la Ley de Derechos Electorales.
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